Re: Assassination of Javier Torez Cruz
To: Lic. Felipe Calderón Hinojosa
From: Prof. H. Ihmig & Gail Davidson
Date: 2011-04-25
Con sobresalto e indignación nos enteramos del asesinato de Javier Torres Cruz, campesino de la comunidad La Morena en la Sierra de Petatlán, Guerrero. El 18 de marzo de 2011, Javier Torres Cruz, de 30 años de edad, fue emboscado cerca de su comunidad y asesinado a balazos; su hermano Felipe Torres Cruz, quien acudió en su auxilio, resultó gravemente herido. Según información en la prensa este asalto habría sido perpetrado por sicarios al servicio del cacique Rogaciano Alba Álva-rez, actualmente preso en el Penal de la Palma.
Militares del 19 Batallón de Infantería, a los que la familia pidió auxilio, se negaron con el argu-mento de que “no querían meterse en problemas”. Sin embargo, este batallón no había tenido escrúpulos para causar problemas a Javier Torres Cruz personalmente, a su familia y a su comuni-dad.
El 22 de diciembre de 2008 y el 1o de marzo de 2010, Lawyers’ Rights Watch Canada e Initiative Mexiko, en cartas dirigidas al gobernador de Guerrero, nos manifestamos en contra de las incur-siones militares en la comunidad La Morena del 14 de noviembre de 2008 y del 16 de febrero de 2010, que aterrorizaron a la población, así como en contra del secuestro y la tortura de Javier Tor-res, perpetrado por elementos del 19 Batallón de Infantería en diciembre de 2008. Hasta donde sa-bemos, nunca se investigó sobre la incursión del ejército en esta comunidad con sus fatales con-secuencias.
Destacamos nuevamente que esta persecución continua, que culminó con el homicidio de Javier Torres, tiene un trasfondo muy claro: El 19 de septiembre de 2007 Javier Torres había declarado ante el Ministerio Público en contra de Rogaciano Alba Álvarez señalándolo como responsable del homicidio de la abogada Digna Ochoa y Plácido y por su relación con el narcotráfico. Asunto que quedó fuera de duda después del encarcelamiento de Alba Álvarez, quien gozó de la protección militar y ocupó una importante posición en el cártel de Sinaloa.
Rememoramos con mucho respeto y tristeza a este valiente joven campesino, quien, a pesar de estar consciente de los riesgos, se atrevió a atestiguar y a proporcionar información y pistas relevantes para la captura de los asesinos de Digna Ochoa. Cabe mencionar que la instancia responsable evitó investigar a fondo estas pistas, dejando impunes a los actores y construyendo un suicidio como solución más cómoda para el caso.
Es escandaloso e indignante que Javier Torres nunca recibiera las medidas cautelares que la Co-misión Interamericana de DH le otorgó el 21 de diciembre de 2008 y que él mismo reclamó el 7 de agosto de 2009 ante el titular del Ministerio Público de Azueta.
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Como organizaciones y personas comprometidas por el respeto de los derechos humanos en México demandamos.
- que se abra una investigación exhaustiva e imparcial del asesinato de Javier Torres y de los hostigamientos y asaltos anteriores, y que los culpables, ya sean civiles, paramilitares o militares, sean llevados a juicio
- que la familia y la comunidad de la víctima reciban por fin una protección efectiva y una reparación de los daños causados
- que los responsables del desacato de la resolución de la CIDH sean sancionados
- que el testimonio de Javier Torres, que le costó la vida, sea considerado debidamente en el caso de la abogada Ochoa.
- que se marque un alto a la complicidad de caciques, militares y el crimen organizado, que reina en Guerrero y que resulta en impunidad y violencia extrema
Señor Presidente, desde hace años en nuestras misivas preguntamos: “¿Hasta cuándo se instaurará un Estado de Derecho en Guerrero?” Óbviamente el Estado se aleja de una manera espantosa de tal objetivo.
Apelamos a las autoridades, particularmente al nuevo gobernador de Guerrero, para que tomen en serio su responsabilidad de garantizar los derechos humanos y el bienestar del país.
