Re: Orlando Joaquin Blanco Lapola
To: Presidente Oscar Berger, Presidente de la Republica de Guatemala and Sr. Carlos David de León Argueta, Ministerio Público
From: Heather D. Neun, LRWC member; Spanish translation by José E. García Verdes.
Date: 2004-02-04
Me dirijo a usted en nombre de Lawyers’ Rights Watch Canada (“LWRC”). LWRC es una organización de abogados canadienses cuyo objetivo es apoyar a abogados en todo el mundo cuyos derechos, seguridad, o independencia están amenazados como resultado de su defensa de los derechos humanos.
Le escribo en respuesta a recientes informes de amenazas e intimidación perpetrados contra Orlando Joaquín Blanco Lapola, director del Centro Internacional de Investigaciones en Derechos Humanos (“CIIDH”). LWRC está gravemente preocupada por la seguridad del Sr. Blanco, y muy alarmada por los informes que indican que ha recibido llamadas telefónicas amenazándole de muerte el 16 y el 30 de Enero así como el 2 de Febrero de este año.
LWRC solicita que el nuevo gobierno de Guatemala tome medidas inmediatas para proteger la seguridad de Orlando Joaquín Blanco Lapola. Igualmente solicitamos al gobierno que investigue a fondo y de manera imparcial estas amenazas de muerte, que haga públicos los resultados de la investigación y que entregue a los responsables a la justicia.
LWRC está seriamente preocupada por el aumento de las dificultades con las que se enfrentan los defensores de los derechos humanos en Guatemala, tal como el Sr. Blanco, para llevar a cabo su trabajo en defensa de las víctimas de las violaciones de los derechos humanos. Recordamos al gobierno de Guatemala su obligación de proteger a los defensores de los derechos humanos según la Declaración de Defensores de los Derechos Humanos adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1998. El artículo 12 de esta Declaración establece el deber del gobierno de Guatemala de “tomar todas las medidas necesarias para garantizar la protección de todos los ciudadanos por la autoridad competente… contra toda violencia, amenazas, represalias, discriminación adversa de facto o de jure, presiones u otras acciones arbitrarias…”. Señalamos también que Hina Jilani, Rapporteur Especial de los Defensores de los Derechos Humanos, ha solicitado al gobierno de Guatemala que tome medidas inmediatas para combatir la impunidad y proteger a los defensores de los derechos humanos.
LWRC urge al nuevo gobierno de Guatemala a que se adhiera a los principios contenidos en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos y Responsabilidades de Individuos, Grupos y Órganos de Sociedad para Promocionar y Proteger los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales Universalmente Reconocidos. Como miembro de las Naciones Unidas, Guatemala está obligada a tomar medidas efectivas para prevenir y castigar violaciones a esta Declaración.
